Right to Compulsory Process/es

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Derecho a un proceso obligatorio

Introducción

La Disposición sobre el juicio forzoso de la Constitución de los EE. UU. le garantiza a los acusados en una causa penal "un proceso forzoso para obtener testigos a su favor". A pesar de su prominente lugar en la Sexta Enmienda, la disposición de proceso forzoso permaneció virtualmente inactiva por más de 150 años, y en pocas ocasiones fue solicitada por los acusados o la Corte Supremo de los EE. UU.

En el common law, la disposición de Proceso Forzoso era considerada limitada en su alcance. esta simplemente daba al procesado el derecho a usar el servicio de proceso del Estado a presentar forzosamente testigos en un juicio. Sin embargo, uno de los primeros casos decididos con base en el Proceso Forzoso, United States v. Burr, sugirió una interpretación mucho más amplia de la disposición. En Burr, una decisión de la Corte Suprema escrita por el presidente de la Judicatura John Marshall, el Tribunal sostuvo que la disposición de proceso forzoso le permitía a Aaron Burr presentar a subpoena duces teum (i.e. comparecencia y presentar pruebas) por ciertas cartas del Presidente de los Estados Unidos. Él argumentó que las cartas podrían ser material para su defensa y se requería su producción conforme a la Disposición de Proceso Forzoso.

El Estado objetó, argumentando que el Proceso Forzoso solo permitía la presentación bajo sanción de testigos y no sus documentos. el Juez Marshall, en su decisión a favor de Burr, desestimó la distinción entre personas y sus papeles y concluyó que se podría cumplir materialmente mediante una demostración de que "existe(n) razones para suponer que el testimonio (convocado bajo sanción) podía ser material. . . ." Además el juez Marshall desestimó el argumento de que la petición de revelación de las pruebas nunca podría ser material puesto que Burr no tenía conocimiento de lo que finalmente dirían las cartas, y sostuvo que esta interpretación limitada del Proceso Forzoso era "irrazonable".

Apesar de las implicaciones de U.S: v. Burr, la disposición de proceso forzoso estuvo inactiva en los 100 años siguientes, con casos similares decididos con base en Garantías Procesales o Disposición de Confrontación. A pesar de la escasez de casos que decidieran sobre el alcance y significado de la disposición de Proceso Forzoso, casi todos los estados incorporaron el Proceso Forzoso en sus propias constituciones.

nociones que expandieron el Proceso Forzoso

Una de las primeras aplicaciones de la disposición de Proceso Forzoso apareció en Washington v. Texas, 388 U.S. 14 (1967), cuando la Suprema Corte revocó una norma del régimen probatorio al impedir el testimonio de cómplices y declaró la disposición de Proceso Forzoso aplicable a los estados mediante la disposición de Garantías Procesales de la Enmienda Catorce. El tribunal argumentó que la disposición de Proceso Forzoso invalidaba una regla que arbitrariamente le negaba al acusado "el derecho a presentar una defensa" mediante la presentación de material, testigos capaces de comparecer en juicio y que tienen conocimiento de los hechos de primera mano.

Unos años después, en in Chambers v. Mississippi, 410 U.S. 284 (1973), se le solicitó a la Corte Suprema decidir si una norma de prueba o testigo de referencia (hearsay) violaba la Disposición de Garantías Procesales al evitar que un testigo testificara sobre material exculpatorio. En el despacho del juez, un acusado en un juicio por homicidio intentó presentar pruebas de una admisión escrita del delito hecha por un tercero. Sin embargo, el testigo de la defensa lo negó en el estrado y dio una coartada. Al acusado no se le permitió confrontar su propio testigo conforme al régimen probatorio de Mississipi. El acusado entonces intentó presentar pruebas de que el testigo había confesado el delito. Sin embargo, esto también se excluyó con base en el hecho de que violaba la regla de hearsay (testigo de referencia). La Corte Suprema revocó la culpabilidad, estableciendo en parte que "cuando están implicados los derechos constitucionales que afectan directamente la determinación de culpabilidad, la norma de referencia (hearsay) no puede ser aplicada mecánicamente para derrotar los fines de la justicia". Aunque la decisión fue tomada con base en Garantías Procesales, reflejaba los argumentos hechos en Washington v. Texas.

Aplicación moderna del Proceso Forzoso: Holmes v. South Carolina

En el caso más reciente de la Corte Suprema en el área, Holmes v. South Carolina, 547 U.S. 319 (2006), el magistrado Alito, en su primera decisión como Magistrado de la Corte Suprema, desarrolló una opinión que revocó una regla de procedimiento de Carolina del Sur con base en que esta violaba la Disposición de Proceso Forzoso de la Sexta Enmienda. Originalmente, la Regla Gregory le permitió a los órganos juzgadores en primera instancia excluir pruebas si sentían que serían injustamente perjudiciales, confusas o engañosas para el jurado. En una decisión posterior, la Corte Suprema de Carolina del Sur expandió la Regla Gregory, señalando que la prueba de un tercero debería ser inadmisible si habían pruebas contundentes de la culpabilidad del acusado.

Al revocar la regla de Carolina del Sur, la Corte Suprema estableció que el derecho a un Proceso Forzoso garantiza que los acusados penales tengan "una oportunidad significativa para presentar una defensa completa". Estas garantías son violadas por cualquier regla del régimen probatorio que sea "arbitraria" o "desproporcionada para el propósito al que se les designa servir". Por lo tanto, aunque la Regla Gregory puede parecer aparentemente constitucional, es derrotada cuando la obediencia ciega a la regla controvierte la función de la prueba que es la búsqueda de la verdad.

Esta conclusión se basó en dos hechos. Primero, la Gregory Rule, como se aplicó, no examinó la credibilidad de los testigos o la confiabilidad de las pruebas. Segundo, la regla, que fue diseñada en gran medida para excluir pruebas débiles ante la lógica, no examinaba las declaraciones de los testigos en si mismas. Por lo tanto, la regla infringía inconstitucionalmente el derecho del acusado a un Proceso Forzoso.

De hecho, el tribunal concluyó que la carencia de pruebas de culpabilidad era fuerte. Esta nueva regla dio al menos una guía para reglas de equilibrio de pruebas y privilegios contra el derecho del acusado a un Proceso Forzoso. Primero, se debía preguntar si el régimen probatorio ayuda a la función de las pruebas, que es la búsqueda de la verdad. Si no es así, la siguiente cuestión es determinar si el estado tiene cualquier otra razón legítima para establecer el régimen.

Proceso Forzoso y petición de revelación de las pruebas

Una comparación de dos casos de la Corte Suprema ilustra la confusión continua sobre qué disposiciones constitucionales deben aplicarse cuando una petición de revelación de las pruebas choca con un reclamo de comunicaciones que gozan de confidencialidad jurídica (privileged communications).

En Pennsylvania v. Ritchie, se le pidió al tribunal decidir si la disposición de Proceso Forzoso le permitía a un procesado solicitar la presentación de grabaciones confidenciales de una agencia estatal de bienestar para los niños con miras a descubrir testigos, informes médicos y otras pruebas exculpatorias. El tribunal admitió que las decisiones pasadas tenían "poca posibilidad de discutir la forma" del Proceso Forzoso. La Corte en vez de aprovechar la oportunidad de explorar estos lineamientos, la Corte simplemente admitió que "nunca decidió de forma restringida" sobre la solicitud del Proceso Forzoso de Ritchie de que la disposición le permitía al acusado revelar en su totalidad los testigos o pruebas exculpatorias. El tribunal entonces procedió a analizar el fallo de revelación sobre la base de las Garantías Procesales. El caso fue finalmente devuelto para que se determinara si el material y las pruebas exculpatorias estaban presentes en los archivos que requerirían un nuevo juicio.

Sin embargo, aunque la corte se negó a decidir sobre el argumento del Proceso Forzoso del acusado, admitió que algunos casos, como United States v. Nixon, sugerían que la revelación de documentos debía ser solicitada con base en el Proceso Forzoso. En United States v. Nixon, el tribunal confrontó la cuestión de si la solicitud generalizada del Presidente sobre comunicaciones confidenciales prevalecía sobre el derecho del acusado a revelación de información. Al citar el Proceso Forzoso como una de las razones para revelar información, concluyeron que el derecho del acusado a obtener dichas pruebas prevalecía sobre la solicitud de confidencialidad generalizada del presidente.

Límites del Proceso Forzoso

El Proceso Forzoso está restringido por dos principios solapados. Primero, el derecho a presentar testigos puede ser restringido por la solicitud de privilegio de un testigo y la colisión entre los dos a menudo requerirá sopesar las políticas contrarias detrás de cada disposición. Segundo, el Proceso Forzoso puede en sí mismo estar limitado por las Garantías Procesales.

Privilegio

Robert Weisberg ha argumentado que las decisiones de la Corte Suprema han fallado generalmente en dar "lineamientos confiables" sobre en qué caso el derecho de un acusado a Proceso Forzado prevalecerá sobre la solicitud de privilegio hecha por un testigo. De igual forma, Westen ha argumentado que el Proceso Forzoso solo puede prevalecer sobre ciertas solicitudes de privilegio. Por ejemplo, hay una tensión intrincada entre el derecho del acusado a un Proceso Forzoso y el derecho del testigo a evaluar su derecho de la Quinta Enmienda contra la auto-incriminación.

El análisis del privilegio es más difícil en el contexto de un subpoena duces tecum por pruebas presentes en el archivo personal de un funcionario. Quinto, la solicitud de confidencialidad generalizada del funcionario tiene una base limitada sin una investigación exhaustiva de los testigos y los documentos en sus archivos personales. Solo una investigación exhaustiva puede determinar de manera concluyente la materialidad y credibilidad fundamental de las acusaciones.

Segundo, dado que un funcionario es un individuo privado que "actúa aparentemente en representación del derecho del estado", se transforma en un agente estatal. Por lo tanto, no queda claro si el privilegio afirmado es suyo o del estado. En cualquiera de los casos, el privilegio puede estar sustanciado con fundamentos separados pero que se solapan. Para el individuo privado, es necesaria una solicitud de confidencialidad para desalentar la timidez, vergüenza y acoso del individuo. Desde el punto de vista del Estado, la revelación impropia de solicitud no sustanciadas socava la confianza pública en el sistema penal.

Materialidad

No puede ocurrir un violación del Proceso Forzoso si el testimonio o pruebas son inmateriales o un asunto sustancial de derecho. Westen, cuyos Procesos Forzosos I y II (Compulsory Process I and II) son trabajos de gran influencia en el campo, ha argumentado que las solicitudes de Proceso Forzoso para testigos se deben dividir en cuatro categorías (testigos aptos, testigos relevantes, testigos materiales y testigos favorables) y que el Proceso Forzoso se limite a estas determinaciones. Aunque dicho análisis puede tener sentido en término de forzar un testigo a testificar en un juicio, no tiene mucho sentido al forzar un testigo a testificar antes de juicio con el propósito de revelar material potencialmente exculpatorio puesto que la relevancia, materialidad o favorabilidad de las pruebas no pueden ser determinadas hasta que se revele e investigue. El hecho de solicitar un estándar de materialidad estricto sobre revelación de pruebas pondría al acusado en la misma situación paradójica en la que se encontró Burr mismo cuando intentó ordenar la presentación de cartas del Presidente de los Estados Unidos. La Corte Suprema estableció lo que para algunos puede ser un análisis poco satisfactorio de este problema en U.S: v. Valenzuela Bernal, cuando decidieron que no había sido violado el Proceso Forzoso cuando el Gobierno de los Estados Unidos deportó extranjeros ilegales que pudieron haber testificado a favor del acusado. La corte sostuvo que para probar una violación del Proceso Forzoso, el acusado tiene que demostrar que el testimonio hubiera sido material, favorable y no solamente cumulativo en su naturaleza. Sin embargo, la corte reconoció que, debido a que los extranjeros ilegales nunca habían sido interrogados, el estándar de materialidad debía ser bajo, de otra forma el acusado estaría atrapado en la paradoja de tener que probar la materialidad del testimonio que él no posee. Sin embargo, la corte concluyó que al acusado no se le violó el derecho de la Sexta Enmienda hasta que hicieron una "explicación plausible de la asistencia que hubiera recibido del testimonio de los testigos deportados". La corte distinguió este caso del de Burr, al concluir que el "conocimiento de la verdad" del acusado es el factor crítico. En Burr, el acusado no tenía conocimiento alguno del contenido de las cartas, en tanto que en Valenzueala Bernal los acusados tenían algún conocimiento del testimonio del testigo.

Ejemplos Instrumentos

Kenia

En la práctica, el derecho a confronta testigos también incluye el derecho a convocar bajo sanción la comparecencia de testigos materiales. En virtud del Artículo 144 y 145 del CPP un tribunal puede, mediante solicitud previa, expedir una orden de comparecencia a una persona para que comparezca y testifique o presente documentos en su custodia. Si el testigo se rehúsa a acatar la orden de comparecencia, el tribunal puede expedir una orden para traer al testigo a la corte a testificar.

Un tribunal también puede expedir una orden de comparecencia a un testigo por la fuerza de pruebas presentadas bajo juramento. Ver artículo 146 de la Constitución.


Ver Rights of the Accused