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Instancias


Introducción

Las instancias son apelaciones orales o escritas para realizar cierta acción. Estas acciones pueden incluir la exclusión de ciertas pruebas del juicio, reconsiderar la fianza de un procesado o el sobreseimiento de un caso.

Instancia para desestimar pruebas

Una instancia para excluir es una instancia que argumenta que cierta prueba del órgano investigador no debe ser admitida en un juicio por conducta ilegal o impropia del órganos investigador al obtener la evidencia. En la mayoría de los estados estadounidenses y en el sistema federal estadounidense, las instancias para excluir deben ser presentadas antes del juicio. El eje de la noción de instancia para excluir pruebas en los Estados Unidas es la Exclusionary Rule[1] , una regla creada por el sistema judicial que establece que la prueba obtenida mediante la violación de los derechos del procesado bajo ciertas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos y/o el Bill of Rigths n puede ser usada en el juicio. El propósito del Principio de Exclusión es disuadir al Gobierno de violar los derechos individuales al quitarle a la policía el valor probatorio de la prueba obtenida de forma ilegal. A continuación, las instancias estadounidenses estándares y más comunes para excluir evidencia, aunque los casos individuales puede generar condiciones más particulares:

Instancia para desestimar pruebas en virtud del Derecho de protección contra entradas y registros establecido por la Cuarta Enmienda

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que la policía u otro agente estatal realizó una search or a seizure sin causa constitucional suficiente. El término entrada aplica a la aprehensión de una persona, como una detención o parada de tráfico, al decomiso de pruebas tangibles. Un procesado puede impugnar una entrada o registro si tenía una "expectativa razonable de privacidad" en la zona registrada o el objeto confiscado. ref>Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967)</ref> Si un tribunal decide que ocurrió dicha violación, la prueba recolectada es excluida, así como cualquier otra prueba que no hubiera sido podido ser recolectada de no ser por la violación. [2] La Cuarta Enmienda generalmente requiere que la policía obtenga una orden judicial antes de realizar una entrada o registro, pero existen muchas excepciones a esta regla general contempladas por la justicia. Si la policía obtuvo una orden judicial antes de realizar una entrada o registro, la carga de la prueba recae sobre el procesado para probar que la orden no era válida. [3] Si la policía realizó la entrada o registro sin una orden judicial, la carga de la prueba recae en el Gobierno para establecer que aplicaba una de las excepciones. Las excepciones incluyen Terry Stop (la aprehensión limitada de una persona, aparte de una detención, solo requiere sospechas fundadas y no una orden judicial) [4]; plena vista (la policía observó la prueba mientras que se encontraban en una posición legal de prevenir un daño inmediato o la destrucción de pruebas). Las interceptaciones telefónicas ilegales, paradas de tráfico ilegales, detenciones ilegales y registros de ilegales de moradas o propiedades privadas son todas aprobadas a tenor de la prohibición de la Cuarta Enmienda contra entradas y registras excesivos.

Instancia para desestimar declaraciones en virtud del derecho a la no auto incriminación de la Cuarta Enmienda Right Against Self Incrimination.

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que estaba sujeto a custodia para interrogatorio sin previa notificación de (1) el derecho a guardar silencia, (2) el derecho a tener un abogado presente durante el interrogatorio, y (3) el derecho a tener un abogado siempre que el procesado no pueda pagarse un abogado, y consciente y voluntariamente renuncia a estos derechos. [5] A menudo, dichas instancias buscan excluir la confesión de un crimen u otras declaraciones incriminatorias realizadas por un procesado. Si un tribunal aceptar dicha instancia, el Gobierno no puede admitir las declaraciones del procesado en el material probatorio, salvo en casa de que haya réplica de la Fiscalía. Por lo tanto, incluso si la policía viola los derechos miranda de un procesado al obtener una declaración, el Gobierno puede seguir utilizando la prueba en juicio si el procesado testifica de forma inconsistente con la declaración.

Instancia para desestimar testimonios a efectos del derecho a un abogado de la Sexta Enmienda

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que el gobierno lo interrogó luego de que la persona tuviera asignado un abogado entitled to counsel, o que ya lo tuviera. Luego de que al acusado se le imputa un delito, se le debe asignar un abogado en toda "etapa crítica" del proceso. [6] Las etapas críticas de un proceso incluyen todas las comparecencias, interrogatorios y reconocimiento en fila de personas. Esta instancia a veces aplica cuando la policía alienta a un tercero, como otro recluso o un socio del procesado, a provocar comentarios incriminatorios del procesado cuando se le han imputado lo cargos al procesado y tiene un abogado. En tal caso, el tercero actúa como un oficial de policía, y el interrogatorio viola el derecho a un abogado de la Sexta Enmienda. Si un tribunal encuentra un violación a la Sexta Enmienda, el gobierno no puede admitir las declaraciones del procesado en el juicio.

Instancia para desestimar declaraciones a efectos de la cláusula de garantías procesales de la Cuarta o Quinta Enmienda

Cuando el Gobierno usa declaraciones "involuntarias" de un procesado en un juicio está violando la cláusula de garantías procesales de la Quinta Enmienda en un caso penal a nivel federal , y la misma disposición de la Cuarta Enmienda en un caso penal a nivel estatal. Ref>Brown v. Mississippi, 297 U.S. 278 (1936)</ref> Una declaración involuntaria es la que obtiene la policía mediante tal coerción que la confiabilidad de la declaración es puesta en tela de juicio. El ejemplo típico de declaración involuntaria es la que se obtiene mediante tortura, aunque un interrogatorio extenso, con engaños y falsas promesas también puede llevar a una declaración considerada como involuntaria. Si un tribunal encuentra que el procesado dio una declaración involuntaria, el Gobierno no puede admitir la declaración a juicio, incluso en caso de recurso de impugnación.

Instancia para desestimar procedimientos de identificación a efectos de la cláusula de garantías procesales de la Cuarta o Quinta Enmienda

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que la policía realizó un procedimiento de identificación como lineup, a show-up, or a photo-spread, que sugería de forma impropia a un testigo identificar al procesado como el prepetrador de un delito [7] En dicha instancia, el gobierno debe probar que los procedimientos de identificación no fueron "indebidamente inductivos". Si un Tribunal encuentra que un procedimiento de identificación fue indebidamente inductivo, el Gobierno puede no admitir la prueba sobre el procedimiento de identificación a juicio. Si las circunstancias también demuestran que la identificación que hace el testigo del procesado en el tribunal estaba contaminada por el procedimiento de identificación sugestivo, el Tribunal también puede impedir que el testigo identifique al procesado en el juicio.

Instancia in Limine

Una instancia in limine es una instancia por la que se pide al tribunal decidir sobre la admisibilidad de cierta prueba u otro procedimiento que se realiza antes del juicio. Una instancia in limine es válida en cualquier momento. El hecho de esperar que el juicio aborde el tema podría afectar el propósito de la instancia. A menudo, las objeciones no constitucionales a ciertas pruebas evidence deberían ser escuchadas antes del juicio, puesto que esperar hasta que el juicio objete podría ocasionar que el jurado conozca la prueba perjudicial con independencia de la decisión del tribunal sobre la objeción. El tribunal tiene discreción para determinar si una instancia es presentada "in limine", o, si por el contrario, es presentada durante el juicio.

Instancia de sobreseimiento

El sistema de justicia penal de los Estados Unidos generalmente no favorece las instancia previas el juicio para sobreseimiento que se base en la falta de pruebas. Si existen sospechas fundadas para creer que un procesado cometió un delito, el juicio es el mecanismo mediante el cual el proceso determinará si la prueba es suficiente para dar emitir un fallo. Sin embargo, ciertos temas constitucionales pueden generar instancias de sobreseimiento.

Instancia de sobreseimiento a efecto de la cláusula de doble enjuiciamiento

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que ya ha sido enjuiciado, absuelto o condenado por un delito que es considerado igual a la causa pendiente, dicho enjuiciamiento o condena de la causa pendiente sería double jeopardy.[8] En muchos casos esta instancia debe ser realizada antes del juicio o se consideraría que se ha renunciado a ella.

Instancia de sobreseimiento por Violación del derecho a un juicio sin dilaciones indebidas estipulado en la Sexta Enmienda

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que el Gobierno ha ocasionado tales dilaciones indebidas al llevarlo a juicio que el caso debe ser sobreseído. Como un derecho constitucional de la Sexta Enmienda, un procesado debe mostrar que ha sido afectado de tal forma por la dilación que no puede tener un juicio justo. Las dilaciones extensas pueden afectar la capacidad para preparar una defensa porque los testigos mueren, los documentos y otras pruebas se pierden y los recuerdos desaparecen. La mayoría del os estados también tienen leyes sobre el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas speedy trial rights, y muchas de estas establecen plazos estrictos al Estado para llevar un procesado a juicio. Dicho sobreseimiento es obligatorio si se viola el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas sin importar el perjuicio que ocasione al procesado.[9] En la mayoría de los casos, las instancias por juicios sin dilaciones indebidas se debe solicitar antes del juicio, de lo contrario se considerará que el procesado a renunciado a este derecho.

Instancia de sobreseimiento por destrucción de pruebas a efectos de la Quinta y Catorceava Enmienda

Esta instancia aplica cunado un procesado alega que el Estado ha destruido pruebas que lo pudieran haber exonerado. [10] En dicha instancia, el procesado debe probar que el gobierno destruyó pruebas "de mala fe" para obtener el sobreseimiento. Sin embargo, si el valor exculpatorio de la prueba era obvio, se puede presumir la mala fe.

Instancia de sobreseimiento por falta de jurisdicción o competencia

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que el tribunal que conoce su caso no tiene jurisdicción sobre él (o su supuesto delito). Generalmente, los juicios penales deben realizarse en el distrito judicial donde se ha cometido el supuesto delito. además, ciertos tribunales, como los tribunales federales, juzgados de proximidad o tribunales de menores, solo tienen autoridad para conocer de ciertos tipos de casos.

Instancia de sobreseimiento por escrito de acusación u otro documento de acusación inválido

Esta instancia aplica cuando un procesado alega que el proceso por el que se le imputan los cargos fue impropio o inválido. Por ejemplo, el procesado tiene derecho a que un Grand Jury examine los fundamentos de su acusación para ser juzgado en un tribunal federal a efectos de la Quinta Enmienda. Una posible argumentación sería que el que Grand Jury no tenía un número suficiente de personas, o que el Gobierno usó pruebas falsas durante el proceso de examinación del Grand Jury. Generalmente, esta instancia debe ser solicitada antes del juicio, de lo contrario se considerará que el procesado renunció a este derecho. Si un escrito de acusación u otro documento de acusación es considerado inválido, el Gobierno puede normalmente volver a imputar al procesado sin violar la cláusula de doble enjuiciamiento.


Ver Defenses

Notas

  1. Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961)
  2. See Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963)
  3. Franks v. Deleware, 438 U.S. 154 (1978); Illinois v. Gates, 462 U.S. 213 (1983)
  4. Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968); Berkemer v. McCarty 468 U.S. 420 (1984)
  5. Miranda v. Arizona, 386 U.S. 486 (1966)
  6. Massiah v. United States, 377 U.S. 201 (1964)
  7. Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 (1972).
  8. Blockburger v. United States,284 U.S. 299 (1932)
  9. See Virginia Code 19.2-243
  10. Arizona v. Youngblood, 488 U.S. 51 (1988)