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Principio de Exclusión

Introducción

Una de las piedras angulares de las protecciones constitucionales de los EE. UU. es el principio de exclusión. El principio de exclusión establece que las pruebas obtenidas como resultado de una entrada y registro ilegal o un interrogatorio legal no son admisibles contra la victima en un proceso penal. Hay varios fundamentos detrás del principio, incluyendo: 1) Disuasión de oficiales de cumplimiento de la ley de involucrarse en conductas prohibidas dado que las pruebas valiosas se perderán si dicha conducta continúa; y 2)preservación de la integridad judicial mediante la prevención de la corrupción de la corte por conductas policiales fuera de la ley.

El principio de exclusión fue aplicado a los tribunales federales de los Estados Unidos en "Weeks v. United States", 232 U.S. 383 (1914). El principio fue luego incorporado contra los estados en Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961). El principio excluye evidencia sin importar si la violación es realizada por un estado o un funcionario federal, y con independencia de si el proceso penal se lleva a cabo en un tribunal estatal o federal. Por otra parte, el principio de exclusión generalmente no aplica más allá del juicio penal mismo. El tribunal sopesará el costo de excluir las pruebas obtenidas forma ilegal contra el beneficio disuasorio de extender el principio a la nueva situación. [1] Por ejemplo, las pruebas recolectadas de forma inconstitucional pueden ser admisibles en procedimientos previos y posteriores al juicio. Dichos procedimientos incluyen audiencias del Gran Jurado (jurado que examina los fundamentos de la acusación), audiencias preliminares, vistas para resolver la fianza, audiencias de sentencia y audiencia para resolver la libertad condicional.

Ejemplo: La policía de Baltimore ingresó a la morada de un procesado sin una orden judicial o excepción aplicable al requisito de orden judicial, y encontró una pequeña cantidad de marihuana en el cajón de las medias del procesado. La prueba será inadmisible porque la prueba fue encontrada mediante un registro ilegal en violación de los Derechos de la Cuarta Enmienda del procesado.

Fruto del Árbol Venenoso

Según la doctrina del fruto del árbol venenoso, cualquier prueba adicional obtenida como resultado de pruebas obtenidas ilegalmente debe ser excluida del juicio.

En "Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963) la Corte Suprema de los EE. UU. rechazó que "todas las pruebas sean "fruto del árbol venenoso" simplemente porque hayan sido obtenidas por acción ilegal de la policía". La pregunta, dijo la corte, es "si, al dar fundamento a la ilegalidad principal, la prueba a la que se le realiza una objeción inmediata ha sido realizada por la explotación de dicha ilegalidad o si en cambio se realizó por medios suficientemente diferenciable como para ser limpiado de la mancha principal". En otras palabras, los tribunales deben determinar si la prueba en cuestión fue obtenida mediante la explotación de la prueba obtenida ilegalmente o a través de medios separados de la prueba manchada. Luego los tribunales recaracterizaron la prueba como "atenuación" más que "mancha".

Ejemplo: El procesado era sospechoso de asesinar un niño. El abogado del procesado aconsejó al procesado entregarse pero que solo hablara con la policía cuando el abogado estuviera presente. El abogado también comunicó a la policía que el procesado no debía hablar con la policía cuando no estuviera presente. Mientras era transportado por oficiales de policía, y sin su abogado, los oficiales apelaron a las fuertes convicciones religiosas del procesado. Así, el procesado confesó y llevó a los oficiales al cuerpo de la victima. La confesión fue considerada inadmisible porque los derechos del procesado fueron violados cuando la policía lo persuadió a llevarlos hacia el cuerpo. La prueba del cuerpo fue considerada admisible porque su descubrimiento fue inevitable debido a la proximidad de los grupos de búsqueda del cuerpo. [2]

Interrogaciones ilegales y entradas y registros ilegales

En general, el principio de exclusión aplica en dos circunstancias diferentes:

Primera. El principio de exclusión puede aplicarse a los testimonios cuando la defensa prueba que las circunstancias que rodearon el interrogatorio eran tales que los derechos del procesado fueron violados o el interrogatorio fue tan coercitivo que la prueba deja de ser confiable.

Segunda. El principio de exclusión puede aplicarse a la prueba obtenida mediante un registro o detención ilegal incluso si la prueba fuera completamente confiable. El fundamento detrás de esta segunda regla es doble: 1) El Gobierno no puede beneficiarse de la violación de las leyes del país, y 2) la esperanza de que el principio de exclusión disuadirá futuras violaciones de derechos.

Aunque muchos países tienen alguna versión del principio de exclusión, los Estados Unidos es único puesto que es el único país en que el principio de exclusión es obligatorio tanto para los interrogatorios ilegales como para las entradas y registros ilegales.

Estándares que rigen la exclusión de pruebas ilegales por país

China

Antes de 2010, el procedimiento penal chino no se pronunciaba sobre el tema de si las pruebas obtenidas de forma ilegal eran admisibles en contra del procesado. Sin embargo, en junio de 2012 la Corte Suprema de China emitió Rules Concerning Questions About Exclusion of Illegal Evidence in Handling Criminal Cases, un conjunto de reglas que rigen el uso de pruebas ilegales en casos penales.

Reglas para interrogatorios ilegales

El 25 de junio de 2010, la Corte Suprema de China, la Fiscalía General de la República China, el Ministerio de la Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia publicaron formalmente Rules Concerning Questions About Exclusion of Illegal Evidence in Handling Criminal Cases.

En virtud de estas reglas, la prueba oral obtenida por medios ilegales como confesiones obtenidas por coerción y los testigos o el testimonio de la víctima obtenidos mediante el uso de la violencia o amenazas deben ser excluidas. [3] Además, el fiscal de la nación puede excluir la prueba como la base para aprobar la detención o iniciar el proceso penal. [4] La regla no estipula si los resultados de una confesión ilegal pueden ser usados en contra del procesado si la prueba oral es excluida del juicio. La reglamentación tampoco indica si la prueba puede ser usada para impugnar al procesado.

Reglas para entradas y registros ilegales

La reglas no indican si las prueba obtenidas en una entrada y registro ilegal serían consideradas ilegales.

Francia

El concepto más cercano al principio de exclusión en el procedimiento penal francés es el concepto de nullities.

Nulidad de procedimientos

La Nulidad Textual - La nulidad textual aplica cuando una norma estipula explícitamente la exclusión de la prueba si se viola el procedimiento. Dado que las reglas de nulidad textual son obligatorias, la corte también debe prohibir el uso de todas los resultados del procedimiento ilegal.

Nulidad Substancial - En el resto de casos, un procedimiento de nulidad puede ser usado si el gobierno viola la disposición "substancial" del código". Generalmente un procesado debe demostrar lesiones físicas o standing. Sin embargo, no es necesario probarlas si el error de procedimiento amenazaba el orden público.

Declaraciones involuntarias

Incluso si todos los procedimientos penales son realizados correctamente, una confesión puede seguir siendo inadmisible si se extrae usando torture o ténicas de investigación de carácter engañoso.

Sudáfrica

EN 1994, la promulgación de la Constitución Interina de Sudáfrica creó un equivalente del Bill of Rights de los EE. UU. La constitución de 1996 fue muy progresiva y tomó prestados muchos conceptos de los instrumentos internacionales y de los EE. UU. como Miranda warnings Antes de la Constitución Interina, la regla general era que toda prueba relevante era admisible. La prueba solo era excluida si el procesado probaba un violación deliberada de sus derechos.

El Artículo 35(5) de la Constitución forma la base del principio de exclusión en Sudáfrica:

La prueba obtenidas de una manera que viola cualquier derecho del Bill of Rights debe ser excluida si la admisión de la evidencia haría que el juicio fuera injusto o iría en detrimento de la administración de la justicia.

Reglas para interrogatorios ilegales

Como en la mayoría de las jurisdicciones, las declaraciones involuntarias son inadmisibles en los tribunales sudafricanos Además, Sudáfrica ha aprobado Advertencias del tipo Miranda que son necesarias antes de la interrogación de individuos. Así, en caso de no entregar las advertencias la prueba puede resultar inadmisible.

Reglas para entradas y registros ilegales

Las entradas y registros de pruebas están estipuladas en el Artículo 35(5) de la Constitución de Sudáfrica. Según este principio la exclusión es obligatoria si el tribunal encuentra que se cumple una de dos condiciones:

  1. La prueba haría el juicio injusto
  2. Admitir la prueba iría en detrimento de la administración de justicia

En algunos aspectos, esta disposición es más amplia que su equivalente estadounidense. Para una, el standing requisito que limita el principio de exclusión en los Estados unidos no aplica en Sudáfrica.

Estados Unidos

Excepciones al principio de exclusión

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha suprimido lentamente algunos elementos básicos del principio de exclusión. Muchos académicos ahora consideran que el principio de exclusión está en peligro. Generalmente, estas son las excepciones que aplican al principio:

  • Doctrina de la Fuente Independiente: La prueba es inadmisible si el gobierno obtiene la prueba de una fuente independiente de la entrada y registro ilegal. [5]
  • Doctrina del Descubrimiento Inevitable: Una variante de la excepción de la "fuente independiente", establece que un tribunal puede mantener que el principio de exclusión no aplica si el descubrimiento era de cierta forma independiente del error. Generalmente, la mera noción de que la prueba pudiera haber sido descubierta no es base suficiente para aplica la excepción. Así, si el gobierno puede probar que el descubrimiento era inevitable, con independencia de la conducta ilegal, puede ser admitida bajo la doctrina de descubrimiento inevitable [6]
  • Testimonios: Las testimonios que se obtengan en un decomiso (procesado obligado a confesar sin la presencia de un abogado, luego de solicitar a un abogado) serán excluidos de las pruebas. Sin embargo, los testimonios que resulten de una entrada y registro ilegal son admisibles si el vínculo entre la conducta ilegal de la policía y la prueba impugnada es débil. Por ejemplo, la policía tiene indicios fundados para detener a un individuo; arrestan al individuo en casa, sin una orden judicial, y entonces confiesa el delito. Probablemente esta prueba no sería suprimida, particularmente si el procesado es informado de su derecho a guardar silencio y su derecho a un abogado. El principio detrás de esta regla es que el principio de exclusión tiene como objetivo disuadir la mala conducta de la policía. Si el vínculo entre la mala conducta y la prueba es débil, entonces no hay caso en aplicar el principio de exclusión.
  • La buena fe: En "United States v. Leon" La Corte Suprema concluyó que el principio de exclusión no aplica a los oficiales que intervienen con un motivo razonable y objetivo de que su conducta no estaba violando los derechos del procesado. Para que aplique la excepción, generalmente la buena fe requiere la existencia de una orden judicial de registro expedida por un juez neutro basado en motivos razonables. La excepción aplica incluso si el tribunal de apelación determina que no existían motivos razonables suficientes para expedir una orden. Hay cuatro excepciones a esta regla:
  1. La declaración jurada carece de tantos motivos razonables que ningún oficial de policía hubiera confiado en ella.
  2. La orden judicial es defectuosa prima facie (no logra establecer con detalle el lugar que debe ser registrado o los objetos que deben ser confiscados).
  3. El Policía o el funcionario gubernamental que obtiene la orden judicial mintió o desvió al juez.
  4. El juez ha abandonado completamente sus funciones.
  • Fundamentos: En Rakas v. Illinois la Corte Suprema de los EE. UU. sostuvo que una persona que es agraviada por una entrada o registro ilegal que ocurrió solo mediante pruebas aseguradas por un registro de la morada o propiedad de una tercera persona no ha visto violados ninguno de sus derechos de la Cuarta Enmienda. Por lo tanto, el procesado no puede usar el principio de exclusión para evitar que la prueba sea admitida en el juicio.
  • Demandas Civiles: Generalmente, el principio de exclusión solo aplica en los procesos penales. Entonces, la prueba puede ser admisible en un litigio civil contra el procesado por daños y perjuicios.
  • "Tocar en la puerta y anunciarse": En Hudson v. Michigan (2006), la Corte Suprema de los EE. UU: concluyó que una violación del principio de "tocar la puerta y anunciarse" no supone la exclusión de ninguna prueba obtenida a efectos del registro. La corte concluyó que la conexión causal era remota y que la supresión no serviría a los intereses protegidos por la garantía constitucional. Luego de que se decidiera este caso, muchos académicos alertaron que la Corte Suprema desestimaría prontamente el principio de exclusión, o lo remplazaría con una prueba de balance de costos sociales.
  • Pruebas provenientes del extranjero: En United States v. Alvarez-Machain, la Corte Suprema de los EE. UU. sostuvo que un tratado de extradición con México no elimina la jurisdicción del tribunal de los EE. UU. cuando el procesado fue extraído por la fuerza de México. El tratado no tiene ninguna prohibición explícita y no establece que la extradición sea un método exclusivo de extracción.

Alemania

El Artículo 244 del Código de Procedimineto Penal de Alemania confiere autoridad al tribunal para limitar la admisibilidad de la prueba. El Artículo 244(3) establece "[u]na solicitud para presentar una prueba debe ser rechazada si la recolección de la prueba es inadmisible". Entonces, el tribunal penal debe rechazar una solicitud si la prueba fue obtenida ilegalmente. El Artículo 136a del Código de Procedimiento Penal estipula que en la investigación preliminar la libertad del procesado para aclarar sus ideas o manifestar su voluntad no puede ser afectada por maltrato, fatiga inducida. etc. Las declaraciones obtenidas mediante la violación de esta prohibición no puede ser admitida como prueba, incluso si el procesado está conforme con su uso. Las pruebas recolectadas mediante la creación de una interferencia de los derechos fundamentales serán inadmisibles según si la interferencia tiene alguna base en un derecho especial que los rescate de la inadmisibilidad. [7]

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania solicita la determinación de la admisibilidad de la prueba mediante un análisis de los factores favorables y adversos que considere el respeto de la dignidad humana a la luz de la severidad del delito que está siendo investigado. En particular, el tribunal decidió que hay una presunción a favor del procesado en ciertas circunstancias que requiere una evaluación estricta a favor del mismo. Dichas circunstancia incluyen entradas y registros dentro de la casa del procesado o conversaciones entre el procesado y una persona "dentro de su esfera privada interna". Sin embargo, el Tribunal elabora, "cuando no existe conexión alguna entre una conversación específica y la esfera privada interna de un individuo, dichas conversaciones no afectarán el aspecto de dignidad humana del derecho fundamental" [8]

España

La igual que en Alemania, España incorpora el principio de exclusión al procedimiento de justicia penal mediante el análisis de la importancia de preservar un derecho fundamental, como el derecho a la privacidad o el derecho a un juicio justo, y la razón para sacrificar dicho derecho. [9]

Además, España protege los derechos fundamentales al evaluar la admisibilidad de la prueba en un juicio penal mediante el prisma del "principio de proporcionalidad". Así, los órganos de cumplimiento de la ley deben probar antes de la recolección de la prueba en cuestión: 1) que son capaces de producir el resultado deseado; 2) se usan la alternativas menos intrusivas capaces de obtener dicho resultado; 3) la intrusión debe ser proporcional al beneficio derivado de la medida. Por lo tanto, el principio le solicita al juez considerar no solo la gravedad del delito, sino también adherirse estrictamente a las garantías dispuestas por una autorización judicial específica y razonada. [10]

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aprobó la posición de que el uso de pruebas obtenidas ilegalmente no lleva necesariamente a los procedimientos injustos. [11] La posición del Tribunal es que debe remitirse a los tribunales nacionales la decisión sobre la admisibilidad e la prueba. Sin embargo, el Tribunal decidió, "La pregunta que debe ser respuesta es si los procedimientos en conjunto, incluyendo la manera en que se obtuvo la prueba, fueron justos. [12] El Tribunal siguió explicando que determinar la admisibilidad involucra un análisis de la presunta ilegalidad en cuestión y la naturaleza de la violación. Así, el carácter justo de un juicio no es corroído por el uso de pruebas obtenidas ilegalmente.

En general, la legislación nacional del procedimiento penal son más protectoras del procesado que le Convención Europea sobre los Derechos Humanos. Solo siete Estados (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia y el Reino Unido) admiten las pruebas obtenidas en violación del derecho al respeto de la vida privada. En la mayoría de otros Estados miembros, dichas pruebas normalmente no serían admisibles.


Ver Rights of the Accused, Evidence, Defenses

Notas

  1. United States v. Calandra, 414 U.S. 338 (1974).
  2. Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984).
  3. Rule 1, Rules Concerning Questions About Exclusion of Illegal Evidence in Handling Criminal Cases, China's Supreme People's Court, Supreme People's Procuratorate, Ministry of Public Security, Ministry of State Security, and Ministry of Justice, June 25, 2010.
  4. Rule 2, Rules Concerning Questions About Exclusion of Illegal Evidence in Handling Criminal Cases, China's Supreme People's Court, Supreme People's Procuratorate, Ministry of Public Security, Ministry of State Security, and Ministry of Justice, June 25, 2010.
  5. United States v. Crews, 445 U.S. 463 (1980)
  6. Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984).
  7. Raneta Lawsom Mack, Comparative Criminal Procedure: History, Processes and Case Studies.
  8. Federal Constitutional Court, Germany, 1 BvR 2378/98 (2004).
  9. Spain Constitutional Court, First Chamber 26-03-1996 54/1996.
  10. Raneta Lawsom Mack, Comparative Criminal Procedure: History, Processes and Case Studies.
  11. Eur. Ct. HR, Schenk v. Switzerland Judgement of 12 July 1988, Series A no. 140, and Eur. Ct. HR (3d sect.), Khan v. the United Kingdom (Appl. No 35394/97), ECHR 2000-V, judgement of 12 May 2000.
  12. P.G. and J.H. v. the United Kingdom, judgment of 25 September 2001.